Elección judicial, nuevo paradigma para impartir justicia con un enfoque social: especialista

Jorge Ávila / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. El 1 de junio de este año se llevará a cabo la elección de personas juzgadoras en todo el país, esto a raíz de la reforma al Poder Judicial aprobada por el Poder Legislativo el 11 de septiembre de 2024, con lo que se abrió la puerta para que la ciudadanía elija a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de las salas regionales del TEPJF, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de Circuito y 386 jueves de Distrito; en total, 881 cargos dentro del Poder Judicial.

A propósito de este proceso, el doctor en Derecho Francisco Aja, habló en entrevista para los lectores de La Voz de Michoacán. El doctor en Derecho Civil señaló que la relevancia de la elección judicial radica en la necesidad de que, a raíz de la reforma, la visión de las personas juzgadoras también se modifique hacia un enfoque más equitativo y social, que ha sido una demanda ciudadana y que ahora, con la elección democrática, los electores tendrán la oportunidad de establecer gradualmente un nuevo paradigma en la impartición de justicia: la cercanía con los juzgadores. “Por eso es importante que la sociedad participe de manera libre y soberana en esta nueva elección de las y los juzgadores”, recalcó.

Sin embargo, el especialista reconoce que la reforma y la elección judicial no son la totalidad del trabajo pendiente para lograr ese objetivo, “porque hay muchos factores que no son contemplados a veces en la realidad. Si bien en el texto jurídico, en el texto normativo, ya se ha trazado la dirección a la que se pretende llegar con esta reforma, cierto es que dentro de la práctica entran parámetros y factores que no están contemplados, porque la propia sociedad es cambiante, es evolutiva. Entonces, esto no te va a garantizar al 100 por ciento que efectivamente se cree esta cercanía de las y los juzgadores a la sociedad”.

Pero pese a lo anterior, considera que es un punto de partida, ya que a partir de este nuevo paradigma las personas juzgadoras pueden lograr esa cercanía mediante una ética judicial multidisciplinaria y “tener una consciencia social y de la diversidad (social) que les permita ser conscientes de las realidades sociales y culturales de la población mexicana y de todos los sectores que se involucran”.

Esto, bajo la consideración de Francisco Aja, cobra más relevancia porque, señala, la sociedad necesita un impulso cultural, político y social para “poder salir adelante de esta realidad en la que estamos actualmente. Entonces sí creo que las y los juzgadores deben tener esta consciencia social y ser cercanos a través también de un concepto que se manejó mucho en el sexenio pasado y que se está manejando en el actual, que es el humanismo mexicano”. Entonces, explicó, si ese humanismo mexicano se traslada a un “humanismo constitucional”, se contará con juzgadores más cercanos a la población a través de sus sentencias. “Creo que es donde los próximos juzgadores, cuando se les dé la oportunidad de estar ahí, tendrán que retribuir a la población con el dictado justo de sus sentencias”.

En otro orden de ideas, el abogado egresado de la UNAM echa por tierra los señalamientos de la oposición en el sentido de que, con la reforma, cualquiera que sea abogado puede aspirar a ser juez o magistrado. Y es que, comentó, “sí ha sido un proceso muy abierto, muy transparente y sí, riguroso. Dentro del plano en el que se han manejado las preguntas que realizaron, fueron precisas y oportunas para destacar lo más básico que debe tener un juzgador o un juzgadora: tener estos principios y estos fundamentos esenciales del derecho, porque eso les va a permitir adentrarse en los problemas reales de la sociedad, que son los que se van a ver en las sentencias”. En virtud de ello, el doctor Aja García considera que los procesos que los comités han llevado a cabo han sido “muy precisos y muy rigurosos”. Y en cuanto a la formación académica de los aspirantes, señala que son perfiles muy preparados en materia jurídica.

Otro aspecto que Francisco Aja resalta es que no se debe confundir la elección popular con un ejercicio populista, porque si bien los comicios electorales les darán respaldo ante la sociedad:

“Lo que les va a permitir tener legitimidad es que los y las juzgadoras deben actuar siempre bajo la ética, esa ética que tiene el juzgador y los principios que la conforman, principios que les dan la imparcialidad, la independencia, la honestidad, la objetividad con la que deben actuar al momento de emitir la sentencia, al momento de escuchar a las partes y al momento de reflexionar sobre los problemas que se plantean dentro de las sentencias. Entonces, esta ética es la que les va a permitir a los juzgadores actuar y quitar ese sesgo que podría existir, de que podrían ser jueces populares”.

Por ello recalca que quienes salgan beneficiados con el voto popular el 1 de junio van a realizar su función bajo la ética y los principios que deben normar a todo servidor público. “Entonces, esta ética es la que les va a permitir establecerse dentro de la legalidad y legitimación que deben tener” como juzgadores.

Por último, en torno a los múltiples señalamientos de la oposición en el sentido de que con la reforma y la próxima elección el Poder Judicial queda supeditado a lo que determinen el Ejecutivo y el Legislativo (este último con marcada mayoría afín al actual gobierno federal), el especialista lo da por descartado, ya que, señala, tras la elección y una vez que se determine a los beneficiados con el voto popular, “los juzgadores van a seguir teniendo la independencia judicial. No podemos confundir la participación democrática de la sociedad para que ellos ejerzan este derecho a votar y elegir a los jueces, con el hecho de que esa participación haga que se subsuman al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo. Al final, los juzgadores electos se van a mantener bajo este principio constitucional establecido en el artículo 100 de nuestra Constitución: la independencia judicial, que les va a permitir, efectivamente, establecer las resoluciones, las determinaciones, sin alguna influencia externa, sin algún llamado del Ejecutivo o del Legislativo”.

Y es que es de resaltar que para garantizar esa independencia, la reforma judicial contempla el establecimiento de un Tribunal Disciplinario, que será el encargado de observar la función de los juzgadores. “Entonces ahí es donde se va a tener que responder si, efectivamente, alguna persona piensa o cree que hubo una mala actuación de las o los juzgadores en su momento” o si en su ejercicio hay tendencias políticas, concluyó Francisco Aja.