El avaricioso negocio de las cirugías se expandió sin control hasta niñas de 14 años perdiendo la vida; van por ley

Busca iniciativa prohibir cirugías estéticas en personas menores de 18 años, salvo en casos excepcionales

Foto: Pixabay.

México.- Para prohibir la realización de cirugías estéticas en personas menores de 18 años, salvo aquellas que tengan carácter reconstructivo derivado de malformaciones congénitas, accidentes, enfermedades o situaciones médicamente justificadas, la diputada María Teresa Ealy Díaz (Morena) impulsa una iniciativa.

Con la adición del artículo 272 Bis 7 a la Ley General de Salud, busca señalar que en todos los casos excepcionales deberá cumplirse los requisitos de dictamen favorable emitido por un comité médico especializado.

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También, el consentimiento informado del padre y la madre o, en su caso, de quien ejerza la patria potestad, tutela o guarda y custodia, y manifestación de voluntad de la persona menor de edad conforme a su grado de madurez.

Además, las autoridades sanitarias competentes deberán vigilar el estricto cumplimiento de esta disposición, y la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emitirá los lineamientos y normas oficiales correspondientes.

ESTÁNDARES DE BELLEZA

En el documento, enviado a la Comisión de Salud, Ealy Díaz indica que las y los menores de edad enfrentan crecientes presiones sociales y culturales vinculadas a los estándares de belleza, que promueven la realización de procedimientos estéticos a edades cada vez más tempranas.

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Relata que la industria de la cirugía plástica y estética se ha expandido sin que existan límites claros respecto de la atención a este sector de la población, lo que genera riesgos graves para la vida, la salud y la integridad personal.

La regulación de las cirugías estéticas en personas menores de edad --añade-- constituye un paso indispensable para garantizar el respeto al derecho a la salud, a la integridad y al desarrollo pleno de la niñez y la adolescencia en México.

Resalta que la ausencia de una prohibición expresa ha permitido que intereses económicos y presiones sociales prevalezcan sobre la protección de quienes aún no cuentan con la madurez suficiente para tomar decisiones de carácter irreversible.

Por ello, establecer una norma clara y homogénea a nivel nacional no representa una limitación arbitraria, sino una medida de justicia social y de protección de derechos humanos que atienda el principio del interés superior de la niñez y responda a la obligación constitucional e internacional del Estado mexicano de prevenir prácticas que pongan en riesgo la vida y el bienestar de este sector de la población, puntualiza..