Angélica Ayala / La Voz de Michoacán Pátzcuaro, Michoacán. En un hecho sin precedentes, el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, recibió el pasado viernes 19 de septiembre a los integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) para dar seguimiento a la petición de una reunión de trabajo para abordar los temas sobre las controversias constitucionales de los ayuntamientos de Erongarícuaro y Zitácuaro, que pretenden desconocer la emancipación de dos de sus comunidades indígenas, Jarácuaro y Crescencio Morales, respectivamente. El vocero del CSIM, Pavel Ulianov Guzmán Macario, informó que este encuentro con el magistrado en la Ciudad de México fue derivado de la petición de audiencia que realizaron el pasado 21 de julio, durante un encuentro con comunidades indígenas de Michoacán, donde le solicitaron la reunión para dar seguimiento a las controversias constitucionales. En ese momento, el jurista Hugo Aguilar Ortiz les dijo que “la Corte tiene el deber de escuchar y resolver en justicia y, sobre todo, para quienes han estado excluidos del sistema de justicia a fin de que cuenten con la apertura con la posibilidad de diálogo, y vamos a encontrar una solución favorable a lo que han venido trabajando, la nueva Corte va a ser distinta en forma y en fondo”. Es así que en la reunión de trabajo “se expuso por parte de la comunidad de Jarácuaro y el CSIM la importancia que tienen los autogobiernos en Michoacán, al permitir la libre autodeterminación, el presupuesto directo y proporcional conforme el número de habitantes de cada pueblo, la autogestión de obras, el sistema de seguridad ancestral a través de las rondas tradicionales y el desarrollo comunitario avalado por las asambleas generales”, informó el vocero. Guzmán Macario mencionó que también hablaron del marco histórico y “los más de 10 cuerpos jurídicos internacionales y nacionales que los sustentan. En particular se trató el tema de la controversia constitucional que presentó el Ayuntamiento de Erongarícuaro y que ya tienen más de 4 años que no se resuelve”, misma que presentó la administración pasada que presidía Juan Calderón, a quien incluso señalaron persona no grata para los pueblos purépechas. Asimismo, solicitaron el reconocimiento de los jueces tradicionales o menores de las comunidades indígenas, “que en Michoacán hay más de 200 y que tiene raíces desde tiempos prehispánicos”. Estas figuras son designadas a pobladores con una alta aceptación social y que se han conducido de manera honesta y con una vida ordenada, que pueden dar consejos o determinar acciones a favor de la población o, en su caso, resolver problemas internos de las comunidades. Otro de los acuerdos, dijo, es que “habrá una respuesta pronta y expedita para Jarácuaro y que la comunidad podrá defenderse en tiempo y forma, con todos los elementos jurídicos que consideren necesarios, situación que no ocurría anteriormente, porque fueron declarados sin interés jurídico por la pasada SCJN”. Es de mencionar que el 29 de agosto del 2021, con 597 votos a favor, la comunidad indígena de Jarácuaro decidió regirse por sus usos y costumbres a través de un autogobierno, y aplicando su presupuesto directo, que oscila entre los 12 millones de pesos, de acuerdo con el número poblacional de la localidad. La consulta se realizó conforme a la ley y fue avalada por el Instituto Electoral de Michoacán. La polarización entre el gobierno municipal y la comunidad originó protestas en el Palacio Municipal, como la realizada en marzo de 2022, cuando los habitantes de la comunidad indígena de Jarácuaro se manifestaron en el Ayuntamiento de Erongarícuaro para exigirle al entonces alcalde, Juan Calderón, que respetara la autonomía del pueblo. Sin embargo, el Ayuntamiento en turno inició una batalla legal para negarle el presupuesto directo a esta comunidad ribereña purépecha, incluso perdieron cinco amparos que interpusieron para después presentar una controversia constitucional ante la SCJN, misma que no fue de interés de los magistrados y no le dieron el seguimiento legal correspondiente.
La Voz de Michoacán
