Por Lorena Cortés La Ley de Ingresos 2026 aprobada por el Cabildo de Morelia incluye una novedad que marca un parteaguas la Policía Municipal podrá cobrar por servicios extraordinarios de seguridad a empresas privadas, ya sea por días o por meses. Según el presidente municipal, Alfonso Martínez, la medida busca financiar la contratación de más “elementos” (agentes y/o oficiales) y fortalecer la capacidad operativa local. El punto de partida no es menor la Policía Morelia goza de buena percepción ciudadana, de mayor confianza en comparación con la Guardia Civil del Gobierno del Estado, en gran medida por políticas como el uso de cámaras corporales, que han reforzado la confianza al garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas en cada interacción. En un país donde la confianza en las policías municipales suele ser frágil, ese capital simbólico es un activo estratégico que explica por qué este modelo podría encontrar respaldo social y empresarial. El referente más cercano está en el Estado de México, donde municipios como Atizapán, Tlalnepantla y Naucalpan implementaron servicios similares, conocidos como policías facultativas (no auxiliares como comunmente se conocen). Allí, los gobiernos locales enfrentaron una limitante el tope de tarifas impuesto por el gobierno estatal, es decir un policía municipal que preste servicios extraordinarios no puede cobrar más que el policía auxiliar estatal. El resultado ha sido un tanto contradictorio mientras las empresas pagan una cuota fija, los municipios deben completar el diferencial en salarios, prestaciones y equipamiento. En muchos casos, lejos de ser un ingreso extra, el modelo ha implicado pérdidas netas para los ayuntamientos. Ahora bien, el debate es sobre si este esquema es sostenible en el tiempo, sin embargo conviene subrayar un punto adicional ¿es preferible que un servicio de seguridad extraordinario lo brinde la Policía de Morelia y no la proliferación de empresas privadas armadas?. La razón es simple pero técnica la Policía Municipal opera bajo controles de confianza, procesos de certificación y mecanismos disciplinarios como la Comisión de Honor y Justicia, estructuras institucionales que muy pocas corporaciones en el país han logrado implementar y sostener con eficacia. En contraste, el mercado de la seguridad privada en México y en Morelia en particular, crece de manera fragmentada, con empresas que no siempre cumplen con la Ley Federal de Seguridad Privada ni con estándares de capacitación, control de armamento o protocolos de uso de la fuerza. Estudios del Observatorio Nacional Ciudadano han advertido que la proliferación de estos grupos, sin la supervisión adecuada, abre un flanco de riesgo desde abusos de autoridad hasta infiltración criminal. El reto central será la transparencia y rendición de cuentas, sin reglas claras, este esquema puede terminar desplazando recursos humanos y materiales hacia quienes pueden pagar, mientras persisten los déficits estructurales de vigilancia en colonias con alta incidencia delictiva. La experiencia internacional demuestra que solo con candados institucionales, tarifas transparentes y control ciudadano estos modelos logran equilibrar lo extraordinario con la obligación básica del patrullaje y la proximidad.
La Voz de Michoacán
